En el caso de San Martín del Pimpollar, ha ocurrido a menos de un kilómetro del casco urbano.

Asaja ha vuelto a insistir en que la Junta ejecute nuevos controles poblaciones ante el incremento de los ataques al ganado por parte de los lobos, y ha demandado la actualización de los baremos de las indemnizaciones por los daños ocasionados por los cánidos, mientras “se busca una solución definitiva de la mano de las autoridades europeas para lograr disminuir la población gracias al uso del control poblacional como herramienta preventiva y de dotar de la necesaria seguridad jurídica a la Administración regional para poder llevarlos a cabo”.

Aseguran, por otra parte, que sigue habiendo expedientes de ataques de lobo de 2015 sin abonar a los ganaderos por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.