En una operación denominada Grapa, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido a seis funcionarios policiales y a otro de la Dirección General de Tráfico por pertenecer a una trama de corrupción que había favorecido a empresarios con adjudicaciones, como en la gestión del servicio de comedor del centro de formación policial. A cambio condecían favores y beneficios personales.

En la investigación del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y de la a Fiscalía Anticorrupción, que ha sido declarada secreta, han sido arrestados seis funcionarios -no todos agentes policiales- de la Dirección General de Policía; otro empleado de Tráfico; además de siete personas vinculadas con las empresas de las que con contratadas por el Ministerio del Interior para el servicio de comedor.

La trama tiene que ver con los contratos de alimentación en la Escuela Nacional de Policía, el complejo policial de Canillas (Madrid) y la base deñ  Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía.

Los funcionarios públicos se habrían beneficiado económicamente de forma ilícita de favorecer la adjudicación de contratos públicos con determinadas empresas privadas.

La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada investiga la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a las administraciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda Pública y delito continuado de blanqueo de capitales.

Junto a las detenciones se han practicado 22 registros domiciliarios y de entidades sociales de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

La fiscalía ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar, además del embargo de 13 vehículos, la mayoría de alta gama, y la prohibición de disponer de forma preventiva de seis inmuebles.