Proponen el alquiler social como alternativa a los desahucios

En Ávila se han producido 150 desahucios entre julio y noviembre

Redacción Ver comentarios 9 Jueves, 13 de Diciembre de 2012 Tiempo de lectura:

CC.OO. y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han defendido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada para adoptar medidas alternativas a los desahucios, que según sus datos han ascendido a 150 en la provincia abulense entre julio y noviembre.

[Img #5959]El secretario del sindicato, Óscar García Barroso, ha llamado la atención sobre el “drama” que suponen los desahucios y sobre la recogida de firmas para la presentación de la iniciativa que se está llevando a cabo y con la que ya se han recogido, en toda España, cerca de 800.000 firmas, aunque validadas ha habido, hasta el momento, 620.000.

Ha lamentado la “situación absolutamente dramática” que viven muchas familias por culpa de “uno de los elementos estructurales de la crisis”, como ha sido la “especulación” realizada sobre la vivienda y el mercado inmobiliario.

En este sentido, José María Ruiz, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Madrid, ha indicado que, en el conjunto del país, se han producido 400.000 desahucios y hay 1,5 millones de expedientes de ejecución hipotecaria.

A su juicio, las medidas tomadas al respecto por el Gobierno son “una estafa sistemática”, mientras se rescata a entidades bancarias que “han concedido hipotecas a gente que sabía que no iba a pagar”.

Así, ha calificado el decreto del Gobierno de “tomadura de pelo”, pues los desahucios “siguen”, mientras que los que se paralizan es “por la presión de la calle” y por una “cuestión de imagen” de los bancos, ha concluido.

Ruiz, que en la tarde del miércoles participó en una charla-coloquio bajo el título ‘Desahucios: la banca siempre gana’, se ha mostrado favorable a la dación en pago de la vivienda, también con efectos retroactivos, cuando la entidad bancaria plantee la resolución de la hipoteca.

Igualmente han solicitado que, dada la actual coyuntura económica y social, se suspendan los desahucios y se ofrezca a las víctimas la posibilidad de continuar morando en la vivienda mediante el abono de un alquiler social no superior al 30 por ciento de sus ingresos mensuales por un período de 5 años, de acuerdo con el texto de la ILP.

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