Y es que aseguran que “las diferentes poblaciones del centro y sur de la península están gravemente amenazadas”, por lo que el plan de gestión “no puede basarse en un incremento de la flexibilidad en la aplicación de la directiva”, tal y como propone la Junta.

A la reunión celebrada con una delegación de la Comisión Europea han acudido representantes de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), Ecologistas en Acción y WWF, han resaltado “la obligación legal existente de proteger las poblaciones de lobo situadas al sur del Duero”, que crean que está siendo sometido a “una persecución sistemática”.

Proponen un plan enfocado en reducir los daños y “los conflictos”, basado en desarrollar “cambios en el tipo de manejo del ganado y en aplicar medidas de prevención, en lugar de seguir matando lobos como hasta ahora”.

Los ecologistas piden que se cumpla la normativa actual y “se deje de matar lobos al sur del Duero de manera indiscriminada, injustificada e inútil”, ya que acusan a la Junta de “utilizar de forma sistemática los permisos excepcionales que permite la directiva”.

No sirve de nada

Aseguran que la práctica de abatir lobos que practica la Junta supone “matar lobos de manera reiterada y sin que se cumplan los requisitos para aplicar las excepcionalidades” de la directiva, sin embargo advierten que “no ha servido de nada” porque “no se han que reducido ni los ataques ni los conflictos”, según los datos de la Junta.

Hasta la fecha, se han abatido nueve lobos “sin que se haya documentado una sola de estas muertes”, por lo que han reclamado la documentación que avala y justifica las muertes “para poder comprobar que se ha respetado la ley”, además de solicitar las medidas de prevención adoptadas y los resultados obtenidos.

También quieren que el plan solicitado analice con detalle las diferentes realidades en las distintas zonas al sur del Duero (tipo de hábitat y tipologías de gestión del ganado), así como las medidas de prevención que es necesario aplicar en cada caso. El plan debería financiarse a través del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León para permitir a las diferentes explotaciones adaptar su manejo y poner en marcha las medidas de prevención sin incurrir en sobrecostes.