Según el sindicato, el fallo judicial “demuestra que todos los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han sido objeto de un trato salarial discriminatorio conforme a lo establecido y mantenido por la administración”.

Además, añade CGT en un comunicado, siendo la Junta “consciente” por sentencias anteriores del Tribunal Supremo “que dan una y otra vez la razón a los agentes medioambientales en sus demandas, negándose a corregir la injusticia que una y otra vez le recuerdan los distintos tribunales”.

CGT rechaza “la tendencia de los políticos a judicializar absolutamente cualquier reclamación” puesto que esta práctica “legitima una política contraria a los intereses no sólo de los trabajadores sino del pueblo, ya que los políticos no asumen el costo de perder en tribunales las justas reclamaciones, sino que lo afronta el patrimonio común”.

Esta sentencia afecta a los agentes medioambientales que han denunciado esta situación en la provincia de Ávila, que en virtud de la misma pueden reproducir la misma reclamación ante el juzgado y “poner fin en a la sinrazón defendida por la Junta”.