Hasta ahora, sólo se ha solicitado dicho informe, sin ir más allá en la toma de decisiones, porque antes de dar cualquier paso debe producirse una reunión, aún pendiente de convocar, entre los representantes de Caja Segovia, Caja de Ávila, Caja Rioja, Caja Laietana y Caja Insular de Canarias.

En este sentido, iniciado el proceso para la conversión de las entidades financieras en fundaciones, se han escuchado opiniones para todos los gustos, desde quienes, como el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, han llegado a pedir la nulidad de la integración, hasta quienes prefieren que se deje de mirar al pasado y trabajar para encontrar la fórmula de recuperar fondos para las fundaciones.

De momento, tras su reciente nombramiento por la Junta de Castilla y León, los once integrantes de la comisión gestora de la Fundación Caja de Ávila celebraron su reunión constituyente este martes, en la que, como era de esperar, confiaron a Pablo Luís Gómez la presidencia de la misma.

En la citada comisión se analizó el plan de adelgazamiento anunciado, que pasa por reducir la plantilla a la mitad, para de este modo respetar el plan de viabilidad a diez años elevado a la Administración autonómica, condicionado a la optimización de recursos y dependencias.

La reunión de la comisión gestora se produjo el mismo día que Bankia presentó a los sindicatos un borrador de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para afrontar las exigencias de Bruselas en su plan de reestructuración, en el que finalmente se contempla el despido de 5.000 empleados, a los que ha ofrecido una indemnización de 22 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensuales.