Hace algo menos de una década, en el catastrófico incendio que se inició en Arenas de San Pedro en el verano de 2009, se adoptaron importantes medidas de urgencia en los cauces de arroyos y ríos que consistieron principalmente en colocar, con materiales naturales, unas barreras provisionales que frenasen o evitasen el arrastre de las cenizas, sobre todo si, como es el caso del fuego de Hoyocasero, de ese agua depende el abastecimiento de núcleos urbanos o existe una fauna piscícola tan importante y protegida como son las poblaciones de trucha común y las náyades (almejas de río). En el caso del incendio de Hoyocasero y Navalosa ocurrido el 26 de agosto. Casi un mes después, nada se ha hecho.

Cuando hemos asistido a uno de los peores veranos en incendios en la provincia de Ávila, llega el momento de preguntarse el por qué de que no haya más dotaciones económicas para los montes, tanto para la prevención como para medidas posteriores, pues además de evitar estos catastróficos resultados, también generaría empleo, ayudaría a fijar población en las zonas rurales y daría actividad y empleo.

También se echa de menos la llegada de las nuevas tecnologías para afrontar el problema de los siniestros forestales y desterrar ese espacio de impunidad que ahora tienen  los autores de los incendios. Es el caso del uso de los drones o de las cámaras de fototrampeo, utilizadas para controlar la fauna silvestre, que en el caso de los primeros tímidamente ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa. También existen otras medidas para aumentar el control y la seguridad de los montes y zonas naturales de alto valor, como son las cámaras con sensores de cámaras con sensores de infrarrojos e incluso la vigilancia en tiempo real por satélite.

Pero además conviene recordar que el incontrolable cambio climático obliga a modificar añejas decisiones administrativas, se supone que por razones presupuestarias, como que la campaña contra incendios comience el 1 de julio. Resulta incomprensible esa fecha, lo que motiva que la gran mayoría del operativo inicien en esa fecha su temporada, cuando los daños de los incendios comienzan antes.

Algo falla en las decisiones administrativas cuando hay motivos de peso y un cúmulo de realidades que demuestran esta situación. De hecho, la campaña contra incendios se inicia con el mes de julio cuando la propia estación meteorológica da comienzo antes. Esa realidad es incontestable, y este año así se ha demostrado en Castilla y León, y en la provincia de Ávila.

En junio se mantuvo durante unas semanas un incendio en la provincia abulense, que tras darse por apagado volvió a arder en El Hornillo. Al final las consecuencias las pagamos todos y la pérdida natural y económica es evidente.

No cabe duda que antes nuevos tiempos y situaciones distintas, son necesarias nuevas estrategias de actuación para frenar esta lacra social y ambiental.