Mercedes Martín y Juan Carlos Montero quieren que el ejecutivo regional se pronuncie sobre “ciertas cuestiones esenciales, dado que la opacidad está siendo la tónica general en este tema”.

Los procuradores recuerdan que, conforme a los datos que aparecen en el Catastro Minero del Ministerio de Industrial, en la actualidad, existen 33 proyectos mineros activos en la provincia en distintas fases de investigación, explotación y explotación, lo que supone, la práctica totalidad del territorio.

“Ha llegado el momento -han dicho- de que el Partido Popular se pronuncie y que la Junta de Castilla y León explique sobre qué criterios se han basado para implantar la mega minería en nuestra provincia y si apoyan este nuevo modelo de desarrollo que supone el abandono y destrucción de las actuales actividades implantadas en el medio rural”.

“Retrasos en las resoluciones de impacto ambiental o inaccesibilidad a expedientes son algunas de incongruencias que se ciernen sobre los nuevos proyectos mineros previstos en Ávila”, ante los que hay “una oposición ciudadana, vertebrada a través de las distintas plataformas, que la Junta debería respetar y escuchar”.

Critican que además de impulsar este modelo económico, “éste redunde en empresas cuya sede está fuera de nuestro territorio, en lugar de en empresas del sector cerámico de nuestra provincia o de la comunidad que es donde deberían revertir los beneficios”.