En el recurso denuncian que el pliego de condiciones estaba hecho para que ganase la USAL y excluir al resto, ya que la de Salamanca ha sido la única que “sorprendentemente” ha cumplido las exigencias.

El recurso explica que el pliego pedía a las universidades aspirantes impartir los títulos de Derecho, Psicología, Sociología o Ciencias Políticas, Medicina y Filología Inglesa; y alega una vulneración de los principios de libertad de acceso a licitaciones e igualdad.

“Al imponerse la exigencia de que las universidades que concurriesen a este proceso licitatorio dispusiesen de las titulaciones antedichas, se estaba desvirtuando la posibilidad que todas ellas tuviesen de contar con profesionales que, por supuesto, cumplen los requisitos del pliego y pueden impartir, con solvencia acreditada”, se alega.

Sorprendente

“Resulta sorprendente comprobar cómo los mismos razonamientos que utilizó” la Policía “para desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Universidad de Salamanca contra la adjudicación” a la UCAV el año pasado, “sirven ahora a la UCAV como argumentario de sus pretensiones”. Se refiere a que no era necesario impartir determinadas titulaciones, sino que el personal docente tuviera “la calificación necesaria para impartir las materias” que integran el plan de estudios.

Y es que destacan como entonces fue la propia Administración “la que despreció el argumento de la USAL consistente en que la UCAV no disponía de una serie de titulaciones que pudiesen habilitar para impartir las materias exigidas por el pliego”, dice el recurso, y añade: “sin embargo y sorprendentemente, para el curso 2017-2018, se han introducido unos requisitos que van en contra de los criterios establecidos el curso anterior por este mismo órgano administrativo, que se fijaban a los fines de garantizar los principios de igualdad y no discriminación de los licitadores”.

También se alude que el concurso no permitía que se presentasen universidades que impartiesen los citados grados en los términos citados, ya que “en la actualidad existe una enorme variedad de títulos, que engloban esos grados aunque tengan otras nomenclaturas”.

La Universidad Católica alega que los párrafos relativos sobre ciertas titulaciones “han sido incluidos con el fin de excluir a determinados centros universitarios en beneficio de otros, cuando lo que debería primar es la libre concurrencia”.

La UCAV, que presentó un recurso en julio a la propia convocatoria que no ha sido contestado, critica “la sospecha de que ello tenía como finalidad excluir, entre otros, a la UCAV”.

Campaña

“La adjudicataria del contrato ha sido la USAL –dice el recurso, única que sorprendentemente, ha cumplido los pliegos de cláusulas administrativas y de proporción económica y técnica”. “A nadie se le escapa –añade- que la USAL orquestó una campaña mediática desproporcionada contra la UCAV”, cuando ésta recibió al adjudicación el pasado curso, “intentando desprestigiar” a la UCAV “y poner en tela de juicio su capacidad docente por motivos absolutamente interesados, lo que parece haber dado su fruto en este curso académico”.

El contrato adjudicado este año a la Universidad de Salamanca sirve para “el servicio de enseñanza y formación por parte de la universidad a los alumnos de la Escuela Nacional de Policía” por importe de 101.320 euros con un importe unitario por hora lectiva de 85 euros.