Con esta frase tan traída y llevada de la “herencia recibida” en mentideros políticos, puede que algunas administraciones traten de ocultar a los ciudadanos sus verdaderas carencias cotidianas en sus gestiones orientadas hacia el bienestar de las personas, en todos los ámbitos sociales.

Pero cuando esa carencia se ceba en las personas más necesitadas, como enfermos, personas mayores y dependientes, ya no se puede ocultar la realidad acudiendo a la herencia “política” recibida, sino a la verdadera realidad, la situación degenerativa que el legislador “heredero legítimo” está aplicando a estas leyes sociales tan beneficiosas para la sociedad, estas personas y su  entorno familiar.

Nadie duda en la actualidad que la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la  Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) fue y ha sido la que más aceptación civil ha tenido a lo largo de estas últimas legislaturas; por su contenido social reedistributivo y generativo de puestos de trabajo; sobre todo para las mujeres que, al fin y al cabo, han sido las que siempre se ocuparon de nuestros mayores y nuestros dependientes, y que gracias a esta ley (herencia recibida del causante político, José Luis Rodríguez Zapatero) se les reconoció esta gran dedicación, otorgándolas la oportunidad de acceder con plenos derechos al mercado laboral.

También esta ley formaba parte del caudal relicto (conjunto de bienes, derechos, acciones y deudas que deja una persona a su fallecimiento y que conforman o constituyen su herencia) de la herencia de ZP, aunque se les haya olvidado mencionarlo a los nuevos herederos legítimos (el gobierno del PP). Claro que, posiblemente, aceptaron la herencia recibida a “beneficio de inventario”, pero a sensu contrario; no mencionan lo bueno recibido y pregonan las equivocaciones y fallos. ¡Qué herederos legítimos tan poco agradecidos con su testador!
Es “herencia recibida” que estas personas en situación de grado máximo de dependencia, con la valoración anterior, en nuestra ciudad, tuvieran una ayuda a domicilio de 90 horas mensuales, y con la nueva regulación legislativa de los “herederos legítimos por  su mayoría absoluta” se queden con 70 horas o incluso, en algunos casos, con menos? ¿O personas que con 40 horas mensuales  se les reduzca a 6?

Se les puede engañar a las personas mayores necesitadas de esta atención, haciéndoles creer lo imposible. ¿Qué en una hora a la semana se les puede dar la atención que necesitan y cubrir sus necesidades básicas, como ayuda en las tareas del hogar, aseo personal, gestiones de farmacia, médico y compra?

El equipo de Gobierno del Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, que tiene que cumplir lo legislado por su partido (aniquilación de la Ley de Dependencia), reconoce que en el servicio de ayuda a domicilio de la capital se han recortado más de dos mil horas al mes, destinadas a ayudar a estos ciudadanos en situación de dependencia. Además de vulnerar sus derechos, se vulneran del mismo modo derechos adquiridos por las aproximadamente 80 trabajadoras del sector que cubren estos servicios, que verán reducido  y en peligro su puesto de trabajo.

Los y las abulenses pueden comprobar que esta situación no es una mala herencia recibida del legislador anterior, sino una mala actuación, por  la modificación y disminución de partidas en los presupuestos que daban cobertura y fundamentación legal a aquella ley, por el cambio de rumbo legislativo del gobierno del PP y la poca preocupación del mismo por los asuntos sociales y civiles que atacan con más saña a los más débiles. Inclusive no cumpliendo sus promesas en referencia a los jubilados; pues la subida del IPC en las pensiones, tan cacareadas y defendidas en la legislatura anterior, no las han respetado y no las van a aplicar.

No se puede admitir que ante esta situación, una ministra, Fátima Bañez, se permita insultar a la conciencia de los ciudadanos, y con más ímpetu a los más débiles, los pensionistas, con frases como “No revalorizar las pensiones es un acto responsable”. Ante estas palabras de la ministra y otras intervenciones de sus compañeros de Gobierno e incluso del presidente, me atrevería a decirles, que se callen, que no hablen, que no digan nada, que hagan de su capa un sayo con su mayoría absoluta, pero en silencio, y que piensen que hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio, y que cuando hablen sobre alguna actuación efectuada para poner más cargas a los ciudadanos, que sus palabras sean más importantes que el silencio que rompen.

También con los recortes de ayuda a domicilio se crearán situaciones extremas, en las que estas personas necesitadas verán reducido su patrimonio como pensionistas, pues tendrán que utilizar lo poco que les quede del mismo en la demanda de personas que les haga las tareas que les han retirado los nuevos legisladores hereditarios.

No es muy ético ni muy creíble para la conciencia de los abulenses que en el pleno celebrado el día 30 de noviembre, ante la situación de 80 trabajadoras de la empresa que gestiona el servicio de ayuda a domicilio, que han visto reducir las horas y los salarios, como también las personas atendidas, se digan frases como, que “desde el equipo de Gobierno se seguirá trabajando para mantener los servicios y que se atiende a medio millar de personas”. ¿Pero con qué calidad se atiende a esas quinientas personas, dedicando a alguna de ellas 28 minutos?

Del mismo modo que en un  familia, en tiempos de recortes, se priorizan los gastos; en el presupuso del Ayuntamiento se deberían priorizar y aportar partidas presupuestarias más abundantes a gastos sociales,  reduciendo otras de menor calado como gastos de representación, premios, subvenciones u otras que impliquen menos deterioro social.

Aprovechen los beneficios de la herencia recibida y rechacen  los perjuicios. No agraven más la situación en precario en la que se encuentran sus administrados, porque por el camino que han tomado puede suceder que ustedes no puedan dejar herencia a sus descendientes herederos legitimarios, por haberla consumido toda en vida mediante legados o donaciones intervivos en beneficio de otras personas físicas o jurídicas.