En una reunión con los subdelegados, y con Policía Nacional y Guardia Civil, sobre las medidas de seguridad,  se ha referido a las instrucciones que les dio el día 24 el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para buscar mayor implicación de las policías locales en el actual nivel de alerta.

A la reunión convocada hoy por la delegada del Gobierno asisten los subdelegados del Gobierno en Ávila, María de los Ángeles Ortega Rodríguez; en Burgos, Roberto Saiz Alonso; en León, María Teresa Mata Sierra; en Palencia, Luis Miguel Cárcel Cárcel; en Salamanca, Antonio Andrés Laso; en Segovia, Pilar Sanz García; en Soria, Mª Yolanda de Gregorio Pachón; en Valladolid, Luis Antonio Gómez Iglesias, y en Zamora, Jerónimo García Bermejo, además del jefe superior de Policía, Jorge Zurita, y el coronel de la Guardia Civil de la región, Clemente García.

El nivel de alerta antiterrorista consiste en una escala compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada momento.

La clasificación prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de activación, asociados a un determinado nivel de riesgo: el nivel 1 supone un riesgo bajo, el nivel 2 un riesgo moderado, el 3 un riesgo medio, el 4 un riesgo alto y el 5 un riesgo muy alto. El nivel decretado es el nivel 4 reforzado, lo que supone que habrá una serie de medidas adicionales para aumentar la seguridad.

Medidas adicionales
Las medidas adicionales están orientadas a focalizar los esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cuatro ámbitos concretos dentro del nivel 4 establecido el 22 de agosto: un refuerzo de los dispositivos de seguridad en lugares o eventos de afluencia masiva de personas y con especial énfasis en zonas turísticas; una intensificación de la prevención en potenciales objetivos de ataques terroristas; y el refuerzo de los dispositivos de reacción frente a atentados.

También se insta a estrechar la colaboración con las policías locales con la finalidad de incorporar, dentro de sus competencias, las capacidades de estos cuerpos al desarrollo de las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, promoviendo reuniones de las juntas locales de seguridad en las que se lleve a cabo un análisis de riesgos que permita valorar la instalación de medidas pasivas de seguridad.