“Hay una lista de espera, que no se conoce por oscurantismo cuando tenía que ser pública, con el consiguiente pesar de las familias”, ha dicho el secretario de Organización de la Federación de Servicios de UGT, Francisco Muñoz, quien ha culpado al presidente de la Diputación, por la “falta de intención política” de nuevos ingresos “a pesar que hay vacantes” en el centro.

Son 32 plazas las vacantes, de las que 16 pertenecen a la Unidad de Convalecencia, “totalmente habilitada sin ningún tipo de uso”, en la que se ha empleado “dinero tirado por la ventana para acondicionarse”. No se cubren las vacantes “para no gastar” cuando el centro “está hecho para prestar un servicio y desconocemos por qué no lo hace”.

En la actualidad, el Centro Residencial “no tiene reglamento ni director ni jefe de Enfermería y una bastante situación precaria de los trabajadores”, según el diputado provincial de Trato, Rubén Arroyo, ya que hay 29 plazas de auxiliares que, ocupadas por personal de la bolsa de empleo, no se sacan a oposición, y esas contrataciones se hacen –asegura- “en fraude de ley”, ya que “se contrata por circunstancias de producción cuando atienden necesidades permanentes”.

“Hay personal, instalaciones y medios”, pero no se cubren las plazas vacantes en el centro de dependientes severos y grandes dependientes, a los que se les niega ese derecho a pesar de existir vacantes”.

El número de residentes es de 140, de las que 103 llegan de la Junta gracias a un concierto entre ambas Administraciones. El centro cuenta con 121 empleados, entre ellos dos médicos, un fisioterapeuta, 15 enfermeros, 76 auxiliares sanitarios, cuatro auxiliares de farmacia y tres auxiliares de terapia ocupacional).

Reglamento

Por otra parte, UGT y Trato han criticado que la Diputación haya sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulando el Reglamento del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina en 2016. Tras esto, el reciente pleno extraordinario de la institución provincial ha aprobado el nuevo reglamento.

El diputado provincial ha recordado que la redacción del reglamento que ha habido que modificar se hizo a propuesta de la funcionaria jefa del Servicio de Familia, Dependencia y Oportunidades y con el visto bueno del secretario general. Esta funcionaria -ha recordado- fue cesada tras otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenó a la Diputación por desviación de poder, “al haberse apartado el presidente de la Diputación del concreto interés general propio de la ordenación de los servicios”.

Por este motivo, el reglamento del centro se ha anulado con fecha 24 de junio, por lo que hasta que se apruebe definitvamente el nuevo tras el período de alegaciones, las decisiones adoptadas desde esa fecha serán nulas. Según han explicado, el cambio introducido en el reglamento decía que las decisiones del director debían contar con el visto bueno de la jefa de Servicios Sociales, con lo que esta funcionaria “se beneficiaba de mayores funciones para ella misma”.