Es la respuesta a la denuncia presentada por el PSOE sobre la supuesta existencia de una contabilidad paralela en el Ayuntamiento, que llevó a la Fiscalía Anticorrupción acompañada de un informe del secretario-interventor municipal.

Los cuatro concejales y el alcalde, José Reviriego, han garantizado en un comunicado “la absoluta legalidad de las gestiones económicas y administrativas realizadas por este grupo desde su toma de posesión en junio de 2015".

"En los numerosos momentos y situaciones en que, por diversos motivos, no se ha contado con las directrices del secretario-interventor que se derivan y se esperan de su cargo, se ha acudido al Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Ávila", han explicado, “especialmente en el período en que este funcionario estuvo de baja laboral, desde el 14 de julio hasta el 22 de noviembre de 2016, que abarca muchas de las actividades que se denuncian como ilegales”.

También lamentan la "dura e infundada campaña de desprestigio y desestabilización" que el equipo de Gobierno sufre desde enero por parte del PSOE y "sus allegados", y afirman que se trata de una forma de actuar que “traspasa su labor de oposición, tanto por el contenido, como por la forma”.

Ante “la gravedad de las últimas acusaciones", los ediles del PP aseguran que “todas las recaudaciones económicas resultantes de las actividades corrientes que se realizan en cualquier municipio de estas características -comidas, feria y piscina- han seguido el procedimiento habitual".

Estricto control

Explican que “todas las recaudaciones económicas resultantes de las actividades que se realizan en cualquier municipio han seguido el procedimiento habitual, desde el estricto control de los boletos vendidos y el dinero obtenido”.

Y añaden que los movimientos bancarios "siempre han sido realizados por las personas autorizadas y con las firmas necesarias prescritas por la ley, incluida la del secretario-interventor y respaldadas por los documentos que los prueban".

También señalan que de todas las operaciones “se conservan los justificantes y documentos probatorios que se aportarán en el momento en que la Fiscalía o cualquier otra autoridad lo requiera".

El equipo de Gobierno del PP en Santa María del Berrocal, aparte de instar al PSOE a que “pruebe y fundamente convenientemente” las “graves acusaciones” vertidas en la denuncia, no descartan ejercer su derecho a denunciar "por calumnia, falsedad y daños morales".

Todavía no han recibido la denuncia presentada ante la Fiscalía, pero señalan desear que la denuncia "llegue cuanto antes para que el sistema judicial se encargue de aclarar la situación y poner las cosas en su lugar”.

Por otra parte, los concejales del PP señalan que ofrecen “altruista y voluntariamente” el trabajo a los vecinos “con el único objetivo de facilitar y dinamizar la vida” en el pueblo “con mucha dedicación y entrega y, en muchas ocasiones, con muy poca ayuda”. “En ningún caso –añaden- con la idea de enriquecerse económicamente ni obtener ningún otro beneficio de ninguna clase”.