"Fácilmente se comprenderá que dicho acuerdo lo único que consigue es alejar al ciudadano de la propia Administración de Justicia", según el órgano colegial.

El recurso de reposición se ha interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, de 25 de mayo, que determina que de manera exclusiva sea un solo juzgado que el conozca en materia relativa a las condiciones de los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, las popularmente denominadas cláusulas suelo o demandas para reclamación de gastos de constitución de hipoteca.

Los argumentos del recurso son dos. Por un lado, que se conculca el derecho a la tutela judicial efectiva, porque “afecta gravemente a un derecho tan esencial de los ciudadanos como es el derecho al acceso a los tribunales de Justicia por parte de todos, en igualdad de condiciones sin que pueda por tanto haber discriminación entre ciudadanos según el territorio en el que residan ni por ninguna otra causa”.

De este modo, “se produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial, generando igualmente una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos”, ya que los usuarios de productos hipotecarios “necesitarían destinar más recursos económicos, añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos, para defender sus derechos ante el juzgado de primera instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas”.

En el caso de la provincia, “el sobrecoste y la dificultad del ciudadano se hace aún más patente”, dado que existen cuatro partidos judiciales (Ávila,  Arévalo, Piedrahíta y Arenas de San Pedro) y hay localidades que distan de la capital más de 100 kilómetros y otros muchos cerca de 90.

El otro argumento es la medida “carece de la más mínima motivación” y que “ocasiona una evidente indefensión a los destinatarios del mismo”.