Del Viernes, 21 de Noviembre de 2025 al Domingo, 23 de Noviembre de 2025
UGT ha expresado su preocupación por la “desigualdad territorial” que padece Ávila en Castilla y León y propone un modelo social y sostenible basado en la solidaridad entre territorios, que fortalezca el acceso a los servicios públicos esenciales, para mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos de esta provincia.
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En este sentido, según ha acordado su segundo comité ordinario, UGT considera “imprescindible” recuperar el Plan de Convergencia Interior que contenga una planificación anual de inversiones, una zonificación de los servicios públicos y políticas sectoriales de la Administración Autonómica en coordinación con las entidades locales.
También apuesta el sindicato por un plan industrial específico para Ávila, al contar esta provincia con un porcentaje de producción industrial muy por debajo de la media de la comunidad autónoma. A juicio del sindicado, potencial la industria en Ávila es necesario “para aumentar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo de calidad y contribuir a conseguir soluciones para afrontar los grandes retos sociales”.
En cuanto al diálogo social, tras valorar el acuerdo alcanzado en el ámbito autonómico, UGT solicita a las administraciones locales que se impliquen en la implementación de dicho acuerdo en el marco de sus competencias junto con los agentes sociales, especialmente en lo relacionado a las políticas de empleo y servicios sociales.
En relación con los derechos laborales, la central sindical solicita la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, el entender que “criminaliza el derecho a la huelga”, así como el archivo de todas las causas abiertas con sindicalistas con petición de años de prisión. Pide asimismo que se derogue la Ley de seguridad ciudadana, la denominada "ley mordaza", porque “restringe sin razón los derechos de la ciudadanía y pone en desventaja al trabajador frente al empresario”.
En la reunión del comité ordinario de UGT se abordó igualmente la situación del mercado inmobiliario, cifrando el sindicato en 9.000 las viviendas vacías que existen en la capital, por lo que reclama una ley de vivienda “que garantice el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada”.





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