Terciado estaba acusado de los delitos de estafa, falsedad y apropiación indebida junto a otro expresidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, y los tres secretarios generales de la Confederación de Pequeñas y M

El caso se abrió por la denuncia en 2014 de la patronal de Salamanca, Confaes, presidida por Juan Antonio Martín Mesonero. La Fiscalía les acusaba de apropiarse de 1,2 millones de euros a través de la ocultación a los órganos colegiados de dotar de un sueldo a los presidentes de la patronal.

Se trata de la segunda absolución para Terciado después de que sufriera una denuncia similar de Martín Mesonero, cuando el abulense era presidente de Cecale, la patronal de Castilla y León. En 2010 la Audiencia Provincial de Valladolid archivó la denuncia después de que el presidente de Confaes acudiera a la sede de Cecale a buscar documentación para sustentar la denuncia.

Durante el juicio, Terciado relató que facturaba 12.500 euros al mes como sueldo a través de sus empresas porque era “lo habitual" y autorizado por la dirección de Cepyme.

Junto a la absolución, la sentencia condena a pagar las costas de la defensa de Terciado a la acusación particular, formada por Bernabé Gascón Nogales, secretario general de Confaes, y Ricardo Andrés Marcos, asesor jurídico de la organización empresarial. Contra la decisión judicial cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Ninguna falsedad

La Audiencia Provincial de Madrid pone de manifiesto que si bien la percepciones de cantidades por la actividad de presidente de Cepyme "no fuera lo más adecuada al seno de una organización empresarial, no es menos cierto que las pruebas practicadas impiden entender cometidos los delitos que son objeto de acusación de falsedad de documento privado, porque en esencia no existe ninguna falsedad de documento concreto, ni tampoco existe una apropiación indebida o administración desleal, o estafa".

“Los hechos declarados probados no constituyen delito alguno respecto de los que son objeto de la acusación por el Ministerio Fiscal”, que son falsedad documental y administración desleal tras la modificación en conclusiones definitivas, o por la acusación particular, que son falsedad documental y estafa.

Las acusaciones a Terciado, asumidas por la Fiscalía, eran sobre sus retribuciones como presidente de Cepyme, cuyo sistema “no puede elevarse a la categoría de ilícito penal por la intervención mínima de éste y la exigencia de una prueba de cargo contundente que verifique el cumplimiento de los requisitos y elementos de los tipos penales que son objeto de acusación, sobre todo en el caso del de administración desleal al que la fiscalía modifica su calificación en el plenario".

No hay apropiación indebida

Según las pruebas detectadas, no hay delitos “de acusación de falsedad de documento privado, porque en esencia no existe ninguna falsedad de documento concreto, ni tampoco existe una apropiación indebida o administración desleal".

También se señala que en los estatutos de la patronal de la pequeña y mediana empresa no hay prohibición de que los presidentes puedan recibir remuneraciones, además de que no hay irregularidades fiscales de acuerdo a las auditorías, como tampoco impugnaciones de la los miembros de la asamblea general de Cepyme, así como que la presidencia no es un cargo honorífico.

Las percepciones de Terciado no contravienen los estatutos de Cepyme, no fueron una irregularidad fiscal, no suponen apropiación indebida o administración desleal, aparte de que eran conocidas por los miembros de Cepyme y por la dirección de CEOE, de la que depende financieramente, y no provocaron perjuicio patrimonial alguno a la organización empresarial.