Por eso citan lo que permite la Unión Europea, que son ayudas para “casos excepcionales”, de 15.000 euros por explotación para un máximo de cinco años, según ha manifestado el secretario técnico de UCCL, Mauricio Herráez, ya que las Administraciones no han contemplado esta posibilidad.

Esta organización pide que agricultores y ganaderos afectados por la sequía estén exentos de pagar la Seguridad Social durante un año y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los datos de la cosecha son muy bajos, con una producción por hectárea de 500 kilos en cebada y trigo.

Las propuestas de las Administraciones contra los efectos de la sequía incluyen la subvención de los préstamos bancarios, “cuando hay bancos que los ofrecen al cero por ciento de interés”, ha criticado el presidente de UCCL, Jesús Muñoz, quien ha llamado la atención sobre la exigencia de asegurar los cultivos.

La provincia de Ávila es que menos seguros agrarios registra, sólo por encima de León, cuando hace años la abulense era la que contaba con la cifra más alta. “Los seguros tenían una subvención de la Junta y el Ministerio de Agricultura, pero se quitó hace cinco o seis años y ha reducido”, por lo sí se suscribe el seguro “no compensa la cobertura”.

Por este motivo, Muñoz propuso en la última reunión del Consejo Regional Agrario que a la próxima cita acuda un representante de Agroseguro para que “explique lo que está pasando” y “concienciar” sobre la situación, ya que ni el 20 por ciento de las explotaciones están aseguradas, lo que tendrá efectos sobre los seguros.