La dirección de Paradores de Turismo ha presentado a los representantes de los trabajadores el plan de medidas con el fin de “garantizar la continuidad” de la compañía y con el objetivo de “controlar los costes operativos para situarse en posición competitiva y reducir las pérdidas acumuladas desde 2007”.

En un comunicado, Paradores afirma que “la situación financiera de la compañía es insostenible” y aporta como dato que “a la caída de la demanda (pasando de un índice de ocupación del 70 por ciento en 2007 a un 52 por ciento en 2012) se unen las pérdidas acumuladas de 77 millones hasta 2011, además de las pérdidas previstas para 2012 que ascienden a otros 30 millones”.

Además, añade “de no tomar medidas, en el 2013 las pérdidas alcanzarían los 139 millones”.
Paradores señala que las medidas de ahorro adoptadas hasta el momento “han resultado insuficientes para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios”, por lo que considera “inevitable” acometer una reestructuración de centros y de plantilla, actualmente muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector”.

El plan que la dirección de Paradores pone sobre la mesa de negociación supone la extinción de 644 puestos de trabajo (aproximadamente el 14% de la plantilla), medida que afectaría tanto a los centros (Paradores) como a los Servicios Centrales de la compañía.

Desde la dirección se indica que “se va a realizar todo el esfuerzo posible para aplicar un plan social que minimice los efectos de la medida”, al tiempo que abre un  “periodo de consultas con el objetivo de explicar en detalle las razones que obligan a tomar tan difícil decisión, y tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes”.

Protesta
El pasado puente del Pilar, el Comité Intercentros de Paradores Nacionales de Turismo de España convocó una huelga en protesta por la “intransigencia” de la dirección de la empresa en la negociación del convenio colectivo durante los últimos tres años.

Los representantes de los trabajadores denunciaron la suspensión de aportaciones al fondo de pensiones, la supresión de complementos que pretendía la empresa, la supresión de la paga extra de Navidad y otras cuestiones que, según dijeron suponían “desmontar el actual convenio colectivo y dejarlo en agua de borrajas”.

También criticaron que la empresa recurrió al recorte de salarios y de derechos de los trabajadores “sin haber presentado ningún plan de revitalización de la actividad”, mientras sí se hizo un concurso público para que una empresa externa enseñara a la plantilla "cómo optimizar el gasto", pagando por ello unos tres millones de euros.