Del asunto, una supuesta agresión, se había hablado ya en las sesiones anteriores, pero en esta ocasión el tinte era distinto al existir el fallo del juicio celebrado con libre absolución. La sentencia indica que quedó probado que la periodista, en respuesta a imprecaciones de los afectados por las participaciones preferentes, se encaró en actitud defensiva verbalmente, “sin constancia de que quisiera agredir”, a la vez que recoge la actuación loable del conserje en el altercado.

El fallo dice que los hechos “distan mucho de ser agresión”, aunque uno de los testigos insistió en que hubo zarandeo, tal y como se había denunciado. Se destaca que la Diputación actuó con diligencia al custodiar las imágenes, que quedaron a disposición de ambas partes, pero que sólo utilizó la defensa.

A raíz de la sentencia, el portavoz del equipo de Gobierno, Ignacio Burgos, ha subrayado que “queda probado” que fue “una situación de acoso verbal”, y ha denunciado que en anteriores plenos se habían producido “juicios de valor precipitados con afán de rédito político”.

Ha recordado que el portavoz de UPyD, Santos Martín Rosado, dijo que fue una salida de tono inadmisible, por lo que le ha pedido que lo retirase a la vista de la decisión judicial, mientras señaló que Santiago Jiménez, de IU, había solicitado que pidiera disculpas y que, en caso contrario, fuera cesada. “No es razonable que se haga un juicio paralelo con el fin del clientelismo político”, ha manifestado Burgos, quien ha solicitado que no se repitan “actitudes ruines” y “quien hayan hecho pronunciamientos precipitados se disculpen”.

Persecución
“Aquí no sólo se ha vivido una persecución contra una persona, sino que se ha atacado el sistema de funcionamiento de la Diputación”, ha señalado el portavoz socialista, Tomás Blanco.

Ha dicho, en referencia a UPyD sin citarlo, que hay que “quien critica el despilfarro y el nombramiento de personas de confianza luego pide nombrar a esas personas con finura”, y añadido que su diputado “se ha permitido criticar si diputados tienen o derecho a cobrar los 7.000 u 8.000 euros anuales que cobran, cuando quien critica cobra mucho más”.

Según Blanco, la Diputación se ha convertido en el “hazmerreír” de otras instituciones y cree que a la denunciante “la han utilizado”, hasta el punto de que “tiene toda la pinta de que Pilar Baeza (la portavoz de los afectados de las preferentes) haya cometido perjurio”, según ha deducido del fallo judicial.

Además ha llamado a destacar el valor de hacer política, “porque cuanto más se pongan en duda los gobiernos más perderán los ciudadanos”.

Por su parte, Martín Rosado ha felicitado a la responsable de Comunicación, ha dicho que sólo pidió “la aclaración de los hechos” a la vez acusó a PP y PSOE de “politizar” el caso, cuando ellos “dice que hay que hacer reflexión para respetar a los trabajadores se ahora se apuntan un tanto”. “No tengo culpa de otras cosas que pasan en esta casa desde hace años”, ha terminado.

Jiménez ha dicho “acatar” la sentencia, recordando que cuando pidió explicaciones públicamente ya habían pasado 20 días desde el hecho, después de que no se atendiera su petición para solventarlo. “No me ensaño con nadie y otros sí lo hacen”, añadió.