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El PSOE, que ha llevado el asunto al pleno mediante una moción que luego ha retirado, ha expuesto que tras la asamblea del Consorcio Provincial Zona Norte que aprobó la exención a las propiedades religiosa, consideraba “arbitraria” la tasa por la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos tóxicos urbanos, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Ávila adeuda unos dos millones de euros por los servicios prestados en el Centro de Tratamiento de Residuos de Urraca-Miguel.
Según el portavoz socialista. Tomás Blanco, “las tasas que pagan los ayuntamientos son injustas y arbitrarias”, ante lo que habían solicitado un informe para determinar si la Iglesia debía estar exenta de la tasa, según había establecido el Ayuntamiento de Ávila en la ordenanza correspondiente. Y el informe determina que tal exención para parroquias y centros de la Iglesia Católica no es posible por su naturaleza tributaria, “diferenciada del impuesto local” como el de construcción (ICIO) o el IBI.
La conclusión es que se confeccionará un nuevo censo: “no tiene razón de ser que unos paguen y otros no”, ha resumido Blanco. Se solicitará también este pago en el Ayuntamiento de Ávila, en cuya ordenanza aparecía la exención a los bienes de la Iglesia Católica, y se pretende que “todos los municipios paguen por igual”, con independencia de dónde viertan la basura y su lejanía con los centros de tratamiento, como hasta ahora.
Según el presidente de la Diputación, Agustín González, el pagar “todos por igual” es una premisa que “hay que estudiar”, ya que el traslado de los residuos tiene un coste, ya se ha comprometido a resolver el asunto de forma “ecuánime para los municipios”.
Ayudas y subvenciones
Por otra parte, la moción de UPyD que exigía que la Diputación publique todas las convocatorias de ayudas y subvenciones, así como las cantidades concedidas y los criterios, fue rechazado por PSOE y PP: “no es posible echar sombra sobre algo que ya es transparente”, ha indicado Ignacio Burgos, portavoz del equipo de Gobierno.
La Residencia Infantas Elena y Cristina fue motivo de debate, al pedir los socialistas en una propuesta que se ofrezcan plazas subvencionadas para vecinos de la provincia, y otras a precio de mercado. La moción se retiró con el compromiso de que la Comisión de Familia, Dependencia y Oportunidades estudie unos criterios “más objetivos” de admisión.
El pleno de noviembre celebrado este lunes también ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género y ha manifestado su apoyo al manifiesto a favor del periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas. “Si no hay periodistas no hay periodismo, si no hay periodismo no hay democracia”, ha dicho el presidente.
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