El primer paso, y antes de las previsiones iniciales, será la conversión de la institución de ahorro abulense en fundación especial, hecho que se producirá, según la legislación vigente, el 28 de noviembre, al día siguiente de expirar el plazo de cinco meses desde que perdió su participación en Bankia, el banco al que transfirió su negocio por no alcanzar en el SIP el 25 por ciento de los derechos de voto de la entidad de crédito.

De este modo, a partir del 28 de noviembre la actividad de Caja Ávila debe limitarse a la atención y desarrollo de su obra benéfico-social, lo que ya sucedía desde que en mayo fuese nacionalizada Bankia y la entidad abulense perdiera su participación en el banco surgido de las siete cajas. A la obra social deberá destinar el producto de las participaciones e inversiones que integren su patrimonio.

Ese mismo día, el 28 de noviembre, está previsto que se hagan públicas las medidas que exige Bruselas a cambio del dinero del rescate a la banca, entre las que destaca el cierre de un buen número de sucursales y, en consecuencia, un duro plan de adelgazamiento de la plantilla, todo ello pactado entre el Gobierno de España y la Comisión Europea.

Un plan que en Caja de Ávila se suma al ya realizado anteriormente con las prejubilaciones y en el que está vez no están descartados los despidos, al ser Bankia la entidad más afectada, estimándose entre 5.500 y 6.000 los puestos de trabajo que deberá reducir, la mayor parte vía despidos, aunque también mediante la venta de filiales del grupo, que incluiría la plantilla.

La idea de Bruselas es que las entidades que reciban fondos públicos queden totalmente saneadas y no compitan en condiciones ventajosas frente a sus competidores.

La Junta de Castilla y León asumirá la responsabilidad tanto de Caja de Ávila como de Caja Segovia a partir del día 28, para lo que deberá nombrar sendas comisiones gestoras, quedando disueltos todos los órganos de ambas entidades.