La jefe del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial de la Junta, Dña. Miriam Conde Redondo, y el jefe del Servicio Territorial de Industria de Ávila, Alfonso Nieto Caldeiro, han explicado la instrucción 'Sobre Control Reglamentario de la Documentación Técnica de Instalaciones', del 7-3-2017, que establece un procedimiento para controlar la labor de proyectistas, directores de obra e instaladores.

El concepto de liberalización industrial incluido en el espíritu y la letra de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, suprime, con carácter general, la obligación de comprobar por parte de la Administración la aplicación de la normativa de seguridad para cada caso concreto.

Esta eliminación de requisitos previos a la puesta en funcionamiento de las instalaciones no elimina la obligación que tiene la Administración pública de realizar control administrativo en el ejercicio de sus funciones pero necesariamente con posterioridad a la puesta en marcha de instalaciones y empresas.

Siendo, por tanto, una obligación de la Administración realizar estas comprobaciones, en el marco de sus competencias de inspección y control, la instrucción pretende establecer unas pautas homogéneas para realizar el control administrativo sobre la admisión de la documentación técnica, inspección técnica de la documentación técnica e inspección presencial de las instalaciones afectadas por los reglamentos de seguridad industrial que no estén sujetas a autorización por su propia normativa específica, y que se tramitan con la filosofía de la liberalización industrial.

Cuando los trabajos profesionales estén voluntariamente visados por un colegio profesional dichos trabajos profesionales tienen la presunción de haber superado los controles previos, básicos y fundamentales.
Si el proyecto no está visado, no hay ninguna entidad que haya realizado el control de la identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, y la corrección e integridad formal de dicho proyecto. En cuanto al control de admisión de documentación se deberá comprobar lo exigido en el artículo 11 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León.