De forma paralela en toda España, magistrados y fiscales han pedido con las concentraciones la retirada inmediata del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en el momento de crisis económica.

Piden potenciar la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, así como la autonomía presupuestaria del consejo y de la Fiscalía del Estado, y el aumento del número de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros europeos.

También una justicia profesional, la determinación efectiva de la carga de trabajo, una apuesta clara por la eficacia y optimización de recursos mediante la definición de una nueva demarcación judicial, además de nuevas inversiones que terminen con el abandono de los juzgados, la regulación de un Estatuto Judicial y Fiscal y tasas judiciales proporcionadas que no limiten el acceso a la justicia.