Los dictámenes son, fundamentalmente, de carácter preceptivo, con los que el Consejo Consultivo ha ejercido un control previo de legalidad, garantizando el ejercicio y la efectividad de derechos ciudadanos, según se ha puesto de manifiesto en una jornada de formación destinada a secretarios e interventores de ayuntamientos.

En la jornada se han dado a conocer "todos los procedimientos que tramitan las entidades locales" y en los que el Consejo Consultivo "supone una importantísima garantía no sólo para los intereses de los ciudadanos sino también para el acierto de las Administraciones", según ha resaltado el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia.

La jornada celebrada en el Palacio de los Serrano de la capital abulense es la penúltima de las que se desarrollan en la Comunidad autónoma para acercar la función del Consejo Consultivo a aquellos que "lo tienen que utilizar", según el presidente.

Llamamiento

El presidente del órgano de control ha hecho un llamamiento a las Administraciones para que "recaben en todos los supuestos previstos por la ley los dictámenes" que elabora el consejo.

Desde 2014, más de la mitad de los dictámenes solicitados derivan de las consultas de los ayuntamientos, siendo 38 del Ayuntamiento de Ávila y 20 de la Diputación. Hasta dicho año, las consultas de la Junta venían superando las de los municipios.

En la Junta, las consejerías que más dictámenes han generado han sido las de Sanidad y Medio Ambiente, en este caso por los procedimientos que se iniciaron por el vertedero municipal de Cebreros.

Según la memoria de 2016, las entidades locales solicitaron 13 dictámenes (cinco de Ávila, dos de Maello, y uno de Piedralaves, Mironcillo, Cebreros, San García de Ingelmos, El Barco de Ávila y Madrigal de las Altas Torres), mientras que la Junta generó seis (tres de Sanidad, dos de Educación y uno de Familia).

Responsabilidad patrimonial

Respecto a los dictámenes de responsabilidad patrimonial (aquellos en los que se reclaman daños y perjuicios por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos) los 11 dictámenes incluyeron reclamaciones por un importe global de 4,7 millones de euros.

La consulta formulada por el Ayuntamiento de Piedralaves fue sobre la encomienda de gestión de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para un proyecto de mejora del alumbrado público, y que supuso que la empresa pública no podía hacerse del servicio.

En lo que va de año, la provincia ha generado 12 dictámenes de un total de 162 de Castilla y León, de los que 11 fueron por cuestiones de responsabilidad patrimonial y una por revisión de oficio.

En la jornada también se ha hablado del órgano de control externo a través del Tribunal de Recursos Contractuales, que tiene como objetivo garantizar que en los contratos públicos se apliquen las normas y principios mediante una adecuada tutela jurídica de los candidatos y licitadores. Durante los cinco años de funcionamiento, el tribunal ha resuelto cerca de 450 recursos.