La detención se produjo el 21 de marzo. El notario había ejercido anteriormente en Fuerteventura.

La trama se dedicaba a usurpar propiedades para su posterior venta. Entre los 17 detenidos entre febrero y marzo, en Gran Canaria, Lanzarote, Palma de Mallorca y Ávila, se encuentran dos notarios, además de abogados, gestores inmobiliarios y funcionarios del Catastro.

Son 11 hombres y seis mujeres, que se encuentran en libertad y a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

El comienzo de la operación se produjo hace dos años, cuando una persona denunció el intento de usurpación de una propiedad situada en Fuerteventura mediante la alteración de los datos catastrales. Presentó la denuncia al conocer la operación Lindes que en Las Palmas de Gran Canaria terminó con la detención de tres funcionarios del Catastro.

Numerosos delitos

A los investigados en esta trama se les atribuye delitos de falsedad documental, integración en grupo criminal, blanqueo de capitales, coacciones, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Las propiedades afectadas están valoradas en más de 13 millones de euros.

Tras la denuncia de 2015, se detectaron irregularidades en cambios de titularidad de propiedades que efectuaba un funcionario del Catastro de Las Palmas, que colaboraba supuestamente con una gestoría dirigida por un funcionario en excedencia de este departamento, y dos ramificaciones de la trama en Lanzarote y Fuerteventura que actuaban de forma autónoma.

La red redactaba documentos de compra-ventas privadas y notariales fraudulentos para arrebatar las propiedades inmuebles, fincas rústicas en su mayor parte y también urbanas, a sus propietarios para incorporarlos al patrimonio de los integrantes o venderlos a terceros.

Información privilegiada

Para la selección de las propiedades el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales. Entre los perjudicados hay 23 colectivos, tanto instituciones como asociaciones, y 21 particulares.

La Guardia Civil no descarta que haya más perjudicados debido al tiempo que ha estado operando esta trama, que se ha desarticulado en cuatro fases, desde la primera operación el 14 de febrero en Fuerteventura, en la que se detuvo a cuatro personas supuestamente implicadas, y la cuarta y última llevada a cabo el 28 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

En la primera fase, además de las cuatro detenciones, se practicaron seis (dos en viviendas, otros dos en oficinas inmobiliarias y otras tantos en almacenes relacionados con los detenidos), uno en el municipio La Oliva y el resto en el de Puerto del Rosario, a los que se le intervino 4.000 euros, divisas de curso extranjero y dos vehículos.

La segunda fase se llevó a cabo el 22 de febrero en la capital grancanaria, donde se detuvo a un funcionario en la oficina del Área de Rústica del Catastro de Las Palmas, además de a un abogado y un funcionario del Catastro en excedencia en una gestoría, y se intervino diversa documentación probatoria, material informático y tres vehículos.

La tercera fase de desarrolló el 1 de marzo, cuando se detuvo a cinco de los presuntos implicados, uno en la localidad de Costa Teguise, en Lanzarote, y los otros cuatro en la de Las Palmas de Gran Canaria, si bien estaban relacionados con las irregularidades que se practicaban en la citada isla.

Notarios

En la cuarta y última, se extendió durante el mes de marzo, con la detención el día 15 de una persona en Palma de Mallorca, relacionada con la rama de Fuerteventura y que había cambiado previamente su residencia; el 21, el arresto en Ávila del primer notario supuestamente implicado, que había ejercido en Fuerteventura; y el día 23, el segundo notario, que fue detenido en Lanzarote. La última detención se llevó a cabo en Las Palmas de Gran Canaria.