Y por las últimas declaraciones públicas, tanto de las autoridades competentes como de los responsables de la compañía, todo indica que no existe margen de maniobra.

La plantilla de trabajadores, junto a sus familias, está abocada a someterse a las condiciones discutidas entre empresa, Junta de Castilla y León y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. De otro modo resulta muy complicado entender la sucesión de valoraciones políticas auspiciada por el PP, iniciada con miembros del Gobierno autonómico (“magnífica noticia”, “muy positiva”) y que ha terminado, de momento, con el diputado Pablo Casado, que habla en boca del Gobierno de España (“fundamental”), no sin antes pasar por el Gobierno municipal (“crea estabilidad”) y el Gobierno provincial (“una muy buena noticia”).

Las manifestaciones del responsable en España de la Alianza Renault-Nissan, José Vicente de los Mozos, fueron claras. También dejó claro que en febrero esto tenía previsto echar el cierre. La empresa cuenta con los avales para desarrollar el plan, a falta de los trámites urbanísticos para levantar la planta de estampación en el circuito de pruebas.

Y habló de que el plan garantiza la viabilidad en Castilla y León de la Alianza Renault-Nissan porque Ávila se une al polo industrial Valladolid-Palencia.

Dicho de otra forma, el plan mantendría intacta la imagen de la política industrial de la Junta, integrando a los 471 empleados  de la planta abulense de Nissan en el marco laboral de Renault, que actualmente atiende a 12.000 trabajadores. En definitiva, la plantilla de Ávila dejaría de tener convenio colectivo propio y quedaría diluida en la en la nómina de Renault en Castilla y León, representando un exiguo 4% del total de asalariados, encima con libertad de movimientos (movilidad geográfica) entre Ávila y Valladolid en función del nivel de carga de trabajo.

Eso en el mejor de los casos, pues no se descartan bajas incentivadas (50 días por año trabajado parece dispuesta a ofrecer Nissan) o traslados a las factorías de Renault Valladolid o Nissan Barcelona. De momento, de aquí a 2019, ya se conoce que, de haber acuerdo, un centenar de trabajadores se verá obligado a desplazarse a la ciudad del Pisuerga para formarse como matriceros o conductores de estampación para afrontar este “cambio de dirección” que experimentará la factoría de Ávila, que no asegura la generación de empleo. Y encima la plantilla tiene que escuchar que, después de todo, el 80% de los trabajadores de Castilla y León tiene condiciones laborales por debajo de lo estipulado en el convenio de Renault. El que no se consuela es porque no quiere, dice el refranero.

Ya lo ha explicado la empresa: no se trata de aumentar la carga de trabajo para asegurar empleo, es una solución industrial. Si se acepta, en Ávila se producirán recambios. Si se rechaza, cesará la actividad industrial. Esa es la tesitura a la que se enfrentan ahora los trabajadores, que han pedido tiempo ante la división de opiniones surgida entre quienes ven inaceptable el escenario planteado y quienes ven una oportunidad de futuro. A ellos, a los directamente afectados, corresponde la decisión final.

Tal vez por eso se permiten tanto triunfalismo: porque no están en el pellejo de los afectados.

Otro es el caso de los empleados (al menos 300) de las empresas auxiliares de Nissan, que si no pueden atender a las nuevas funciones de la fábrica tienen difícil encaje en el futuro. Menos triunfalismo aún. Ojalá que no fuera así y se salvasen los muebles.

P.D.: ¿Puede hablarse realmente de polo industrial sin autovía con Valladolid, sin un sistema ferroviario moderno y sin eliminar el peaje?