Ella, Clavelina, tuvo que reunir de aquí y de allá 80.000 euros para pagar por una herencia siempre sobrevalorada en exceso por la Hacienda regional de Asturias, la taifa más vampira de España después de la andaluza. En febrero pasado, los exprimidos y los futuros exprimibles de la región asturiana entregaron cerca de 150.000 firmas contra esta iniquidad recaudatoria. En Andalucía, también decenas de miles de afectados se dieron cita en una reciente manifestación para sacarle los colores a la Omaíta, a Susana Díaz.  El cabreo ya es generalizado entre las clases baja y media, y el movimiento Stop Impuesto de Sucesiones no va a parar hasta poner al descubierto una de las caras más miserables del llamado “Estado de las autonomías”.

Allá por 1978, cuando lo del café para todos, se pretendió arrinconar el término región en beneficio del de comunidad autónoma. Decían que ese tinglado era para acercar la Administración al ciudadano, pero ocultaron o se callaron los santones autonómicos que el supuesto acercamiento no tenía otra finalidad que la de chupársela mejor al ciudadano –la sangre, su patrimonio… ¿pero en qué estaba pensando algún lector?- para mantener un ridículo, superfluo y carísimo sistema de cobijo a la casta política que se había quedado sin plaza en el Congreso, el Senado (otra reiteración de lo inútil y desechable) o los puestos de libre designación en la Administración central y que ahora buscaban acomodo en el chollo de las autonomías.  Apelaron los mentores del proyecto al más mostrenco espíritu de loa aldeana para crear 17 parlamentillos, 17 gobernillos y 17 jefecillos. La ecuación perfecta para resucitar el caciquismo, que en su versión actualizada se llama clientelismo político y electoral a tope.

De ese maremágnum de idioteces, de ese deshacer y rehacer las tierras de España surgieron, entre otros, los descojonantes casos de las taifas uniprovinciales. Incluso Segovia, al albur de esos tiempos de mirársela continuamente a ver quién la tenía más larga y más gorda, estuvo a punto de conseguirlo.

A lo que iba: que al final, tras las encendidas soflamas regionalistas, todo esto había que pagarlo. Y hete aquí al ingenuo español de 1978 tragándose lo de las bonanzas autonómicas que le vendían los trileros de entonces; y también al que no cayó víctima de la trola, pero que se vio obligado a aflojar la pasta por activa y pasiva para costear las nuevas y onerosas estructuras administrativas y todo tipo de despilfarro teñido de un insufrible buenismo. Por ejemplo, la Junta de Andalucía montó una extensa red de centros de acogida para los menores más conflictivos del norte de África que entraban ilegalmente en esa zona de España, en vez de retornarlos de inmediato a sus países de origen. O los 22 centros de materno-infantil en Marruecos costeados por la misma dadivosa Junta, tan comprensiva ella a la hora de pagar las alegrías de los marroquíes en la cama.

¡Será por dinero…! Eso es lo que dicen los consejeros o ministrillos y presidentes de las taifas más carroñeras, que además sustentan a un auténtico ejército de enchufados asistentes o asesores de nada. Claro, siempre que haya muertos a los que robar. Esos muertos que se han sacrificado en vida para dejar un modesto legado económico a su familia o el piso que consiguieron comprar machacándose con infinitas horas extras, son ahora una auténtica mina de plata para los expoliadores autonómicos. Y ni que decir tiene que todo lo testado hasta el momento del óbito había cumplido con cualquier clase de impuesto o fiscalidad imperante.

La lista de las taifas más expoliadoras la encabeza Andalucía, seguida por Asturias, Extremadura y Aragón, aunque tampoco se quedan cortas las que van a continuación de las nombradas: Castilla y León, Murcia y Valencia. Las que menos practican la rapiña con las herencias son Canarias, Cantabria y Madrid. Heredar en una región u otra es 100 veces más caro.

Susana “Omaita” Díaz, la castiza gerifalte aficionada a las corridas de toros y sucesora de sus generosos jefes implicados en el más grueso asunto de corrupción –el de los ERE, sin hacer memoria de los otros- en una tierra que no levanta cabeza, ha llegado hasta la mayor sonrojante mentira para justificar los expolios. Dice, refiriéndose a los gravámenes de las herencias, que es “un impuesto para ricos”. ¿De verdad, Susanita? ¿Es rica Clavelina García, la rebelde anciana de Asturias? ¿Lo es un malagueño de 40 años, en paro, que heredó  un piso de sus padres sobretasado por la Junta en 200.000 euros pero que en realidad vale la mitad y que para recibirlo ha tenido que pedir prestados 28.250 € (en Madrid sólo habría pagado 282 euros)? ¿Es una potentada Carmen, que heredó de su tía una tienda de chucherías y dos pequeños solares en un barrio marginal de Coria del Río y por los que se le exigen 500.000euros? O…? Son demasiados casos, todos ellos visibles en los archivos de la asociación Stop Impuesto de Sucesiones. Con lo que no contaban los confiscadores que incluso succionan a los muertos para mayor disfrute de sus chiriguitos en las taifas, es que la rebelión comienza a aflorar y cada vez en mayor medida.

Lo que Omaita oculta es que a los ricos de verdad, a los genuinos ricos, la mordida andaluza del impuesto de sucesiones o la de cualquier otra región se la refanfinfla por completo. Ellos poseen los recursos necesarios para dejar todo atado y bien atado, mediante sociedades interpuestas y la contratación de los más exclusivos especialistas jurídicos que pondrán a salvo del zarpazo el legado correspondiente.

Los paganos verdaderos del fiestorro autonómico son usted, el vecino de al lado, el currito de más allá, el otro y Paco el de la moto. No les quepa ni la menor duda.