Se trata de Bonilla de la Sierra, Zapardiel de la Ribera, Becedillas y Tórtoles. Entre los argumentos destacan la necesidad de un estudio de evaluación de impacto ambiental ordinario, como contempla la Ley de 21/2013 de Evaluación Ambiental, así como de una evaluación ambiental estratégica.

Los ayuntamientos también ponen de manifiesto la biodiversidad de la zona afectada por el proyecto de investigación, con especies vulnerables, en peligro o en categorías de casi amenazada.

Asimismo, se esgrime inexactitud en la delimitación del proyecto que podría generar “indefensión” entre los propietarios públicos y privados, y una “falta de adecuación”, que es “vital en cuanto a la protección de los táxones biológicos amenazados que contienen las cuadrículas mineras objeto de estudio”.

Los recursos de alzada también hacen referencia a que no existe un plan admisible de restauración ni un plan de recuperación de la zona que resultaría más dañada. Estos recursos se suman a los 4.500 impulsados por la Plataforma 'No a la mina en la Sierra del Corneja'.