En este sentido, recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en abril de 2010 la ilegalidad de la concesión otorgada en 1999 a Iberpistas para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6, su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51).

Por eso, el acuerdo plenario de la institución provincial para pedir la modificación de la AV-500 y la SG-500 "va en contra de los intereses generales de los abulenses" y "supone tirar piedras contra su propio tejado".

Critican que se quiera convertir la carretera de El Espinar en una alternativa al peaje de la autopista AP-51, "en lugar de apoyar, e incluso liderar, una campaña para que el Estado rescate la autopista AP-51 y la convierta en una autovía gratuita".

Según CCOO y Centaurea, ésta sería "la única actuación razonable para evitar el peaje y beneficiar a la ciudadanía abulense y a la economía de Ávila, al tiempo que para no provocar daños ambientales innecesarios" al "valioso paraje" del Campo Azálvaro.

Consideran que la transformación de estas autopistas de peaje en autovías gratuitas, como ha demandado históricamente la sociedad abulense y segoviana, generaría "un enorme beneficio a los ciudadanos y la economía, no sólo de estas provincias y de toda Castilla y León, sino incluso a nivel estatal".