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Del total de quejas, el 38% de las originarias en Ávila se refieren al área de las funciones públicas, con 63 reclamaciones. Le en desde muy lejos el régimen jurídico, los bienes y servicios municipales que suponen el 14% del total.
Entre las áreas que cuentan con reclamaciones, aunque a un nivel menor que las ya mencionadas, se encuentran Industria, Empleo, Comercio y Seguridad Social (10%), en empate con Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud (10%) y rozando el área de Hacienda, que recibe un 9% de las quejas.
Con apenas representación, se han entregado demandas en las áreas de Fomento; Medio Ambiente; Educación; Cultura, Turismo y Deportes; Agricultura y Ganadería, Sanidad y Consumo; Justicia; Interior, Extranjería y Emigración suman entre todas un porcentaje del 20%.
Las administraciones afectadas por el Informe son, en un 53% la autonómica y en un 33% la local de Castilla y León. El porcentaje restante se divide entre la administración central (11%), justicia (1%) y no administración (1%).
Llama la atención que dentro de la sección de quejas a administraciones locales de Castilla y León, el 85% de ellas vayan dirigidas a los Ayuntamientos Locales, un porcentaje muy superior a cualquiera de las otras competencias del área: diputaciones, mancomunidades y otras, que acumulan entre las tres el 15% de reclamaciones restantes.
Esto implica que siete áreas superan a duras penas la mitad de las quejas que ha recibido una sola, la de función pública. Las quejas han sido expuestas por un 89% de personas individuales frente al 10% de colectivos y un 1% categorizado como ‘varios’.
Con cuatro provincias de Castilla y León con más quejas que Ávila (Zamora, Valladolid, León y Burgos), y otras cuatro por debajo (Palencia, Salamanca, Segovia y Soria), la provincia abulense se sitúa en el centro del baremo.
Oficina en Ávila de Caja Rural de Salamanca
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Autonosuyas | Sábado, 25 de Marzo de 2017 a las 15:57:55 horas
Esta institución debe suprimirse porque sólo sirve para colocar a expolíticos y a sus asesores por enchufe.. No tiene poder vinculante ni empatìa alguna con los ciudadanos que solicitan sus servicios. Además ya está el defensor del pueblo que tampoco es eficaz. ¿Qué abusos de la adminstración han impedido? ¿Qué injusticias han evitado? Basta ya de aparentar y de derrochar. Si se pretende que haya una institución que defienda a los ciudadanos, debe dársele porder vinculante y no debe colocarse en ella a expolíticos ni a asesores a dedo.
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