El movimiento de Acción Católica Especializada inserto en el mundo rural", ha expresado su "apoyo y solidaridad a cuantos defienden un medio rural vivo y con futuro" en la provincia, y sobre todo "las plataformas antimina" como "cauces de movilización ciudadana que han surgido desde la base".

Apuestan por "una política que se hace, no desde los despachos, sino en estrecho contacto con los ciudadanos y sus problemas y legítimas aspiraciones".

El Movimiento Rural Cristiano llama "a toda la sociedad abulense y a los abulenses de la diáspora" para que se unan, "sin distinciones ideológicas ni de ningún otro tipo, en torno a la defensa del bien común en la provincia".

Ley antigua

A la vez, subrayan que la minería a cielo abierto "está prohibida en la mayoría de los países de la Unión Europea", aunque "no así, por desgracia, en España", donde a su juicio sigue vigente la Ley de Minas de 1973".

Argumentan que esta ley "adolece de un enfoque de la actividad minera totalmente obsoleto, pues ignora en gran medida los derechos de los habitantes del territorio potencialmente afectado", y llama la atención de que la normativa "no presta atención a las consecuencias de la actividad extractiva sobre la salud de la población ni a la destrucción y degradación del entorno natural y no prevé el impacto negativo en otras actividades económicas que generan empleo y fijan población en el medio rural".

El movimiento cristiano critica "la fuerte contaminación del aire, la tierra y los acuíferos" que provocarían estas explotaciones, que "afectarían gravemente la salud de los habitantes, no sólo de las comarcas directamente afectadas, sino de buena parte de la provincia".

También creen que "supondrían la destrucción y la degradación del entorno natural", dificultando la regeneración posterior de la zonas afectadas, y "el impacto negativo sobre otras actividades económicas que dan vida a estas comarcas", así como el "terrible impacto poblacional" de este tipo de actividades extractivas a cielo abierto.