Es la primera vez que se establece una interlocución reglada para analizar los problemas de este sector. Las organizaciones profesionales agrarias disponen de un foro de interacción con la Administración autonómica que les permite hacer planteamientos y tratar temas centrados en una provincia concreta.

El Consejo Agrario Provincial de Ávila está presidido por el delegado territorial, José Francisco Hernández; y ejerce como vicepresidente el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Francisco Gil; mientras que un funcionario de este departamento ejercerá las funciones de secretario sin voto.

Participan como vocales cinco empleados públicos del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería; cuatro representantes de UCCL-Jóvenes agricultores y dos de Alianza por el Campo-Upa-Coag, según la representatividad otorgada por los resultados de las últimas elecciones a cámaras agrarias.

El Consejo Agrario Provincial de Ávila tiene entre sus funciones las de informar sobre asuntos específicos en materia agraria y de desarrollo rural que, en el ámbito provincial, sean sometidos a su consideración; efectuar las sugerencias que se consideren convenientes sobre aquellas políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria en la provincia de Ávila; proponer al Servicio Territorial competente en materia agraria los precios máximos y mínimos que habrán de regir para el aprovechamiento de los diferentes tipos de pastos en cada zona ganadera; e informar preceptivamente en materia de ordenación de los recursos agropecuarios como es el caso de las ordenanzas de pastos, sus modificaciones, las alegaciones y reclamaciones formuladas sobre las mismas, así como la exclusión de fincas y municipios del régimen de ordenación común de pastos.

El Consejo Agrario de Ávila está adscrito al Consejo Agrario de Castilla y León, presidido por la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, un órgano de nueva creación que sustituye al Consejo Regional Agrario. Este foro, recogido en la Ley Agraria, se constituye como un órgano colegiado permanente de participación, asesoramiento, diálogo y consulta de la Administración autonómica en materia agraria y desarrollo.