"Pero tiene la obligación -ha añadido- de tramitar los expedientes porque otra cosa sería estar incumpliendo la ley", ha expresado José Francisco Hernández tras reunirse con los alcaldes de las cuatro localidades afectadas por el último permiso de investigación minero solicitado, que afecta a los términos municipales de Sotalvo, Mironcillo, Gemuño y Riofrío, donde se celebró una masiva reunión de vecinos el fin de semana.

Tras destacar que Ávila es "la provincia menos minera de Castilla y León", el delegado ha expresado la "total transparencia" de la Junta  "respecto a los interesados", y estar abierto a ofrecer explicaciones a cualquier colectivo.

Ha prometido "aplicar la ley con absoluta objetividad", y "preservando y garantizando los valores intrínsecos de esta provincia, que son el medio ambiente, la agricultura y ganadería como sectores estratégicos", además de "la salud pública".

Información rigurosa

Por ejemplo, el delegado territorial ha dicho que es necesaria la "información rigurosa" ha desmentido alguna afirmaciones: "porque se ha llegado a decir que afectaría a la PAC" y que los terrenos afectados quedarían fuera de las ayudas europeas.

Junto a los alcaldes, en la reunión han participado tres jefes de servicio de la Junta: los de Industria, Medio Ambiente y Agricultura.

Sobre la provincia menos minera de la Comunidad autónoma, el delegado ha apuntado que sólo existen dos, en Aldeavieja y Tornadizos, además de las de piedra ornamental en Junciana y Cardeñosa.

Por otra parte, Hernández ha reconocido que la Ley de Minas por la que rigen todos estos procedimientos es de 1973, por lo que es "preconstitucional, pero plenamente vigente" al haber sido adaptada por sucesivos reglamentos.