También que "en ningún caso sustituyan a la obligación que tienen las Administraciones educativas a garantizar y ofertar la existencia de plazas públicas suficientes", han señalado en un acuerdo.

Piden que "no se mantengan o renueven los conciertos de unidades de infantil, primaria y ESO en localidades del medio rural donde no hay suficiente alumnado para completar una línea educativa o se cierra un centro público".

También rechazan el mantenimiento de conciertos de unidades de Bachillerato donde no se justifican por necesidades de escolarización, como es el caso de Arenas de San Pedro, donde se fusionarán dos institutos, según se ha criticado desde distintos sectores, como la Plataforma por la Educación Pública.

La representación del profesorado de los centros públicos aboga por "una regulación diferenciada en el concierto de la enseñanza obligatoria y gratuita de la postobligatoria", y piden que en la Comisión Regional de Conciertos Educativos tenga representación la educación pública con al menos un representante del profesorado de la Mesa Sectorial de Educación y un representante de las familias de los centros públicos.

Conciertos educativos

La Junta de Personal Docente no Universitario se ha posicionado así ante el dictamen del proyecto de orden por la que se establecen las normas para la aplicación del Régimen de Conciertos Educativos a los centros privados de Castilla y León.

También manifiestan dudas sobre la legalidad de abordar este proyecto "de forma general e indiferenciada" para la concesión de conciertos a todos los niveles y etapas educativas, sean de enseñanza obligatorias o postobligatorias, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo en el artículo 116 apartados 1 y 7 establece que "el concierto para enseñanzas postobligatorias tendrá carácter singular...".