Es el resultado obtenido por los representantes de la plataforma en las reuniones mantenidas con los distintos grupos en el Parlamento.

Tras la aprobación por parte de las Cortes de instar a la Junta para hacer un seguimiento y vigilancia de la legalidad del procedimiento del proyecto minero, se acordó elaborar un informe, que aún no se ha redactado.

También conocieron que el trámite por el que la empresa debe responder a las 4.000 alegaciones es lento, después de que se hubiera hablado de que podrían estar resueltas en el primer trimestre.

Desde la plataforma se ha expresado a los grupos parlamentarios su "preocupación" por el resto de los expedientes que siguen abiertos y concedidos, que afectan a toda la Sierra de Ávila, parte de la Alta Moraña y a municipios la provincia de Salamanca que lindan con la provincia de Ávila.

La plataforma "sospecha" que la estrategia de las empresas con estas concesiones es que quieren solicitar la declaración de evaluación de impacto ambiental en "pequeños proyectos" con el fin de "ahorrarse" tener que hacer una evaluación de impacto ambiental integral, ya que esto "supondría la casi garantía de no poder poner en marcha dichos proyectos por el enorme impacto que produciría por las miles de hectáreas de minas a cielo abierto que se verían afectadas".

Creen que el peligro es que "una vez abierta una mina a cielo abierto sería mucho más fácil dar continuidad a las siguientes", ya que "no tendría que pasar por los mismos protocolos, ni controles, ni procedimientos que para una de dimensiones menores".