Es un asunto que se ha abordado en el primer comité ordinario, máximo órgano del sindicato entre congresos, en el que se ha analizado la problemática situación en empresas de distintos sectores. Es el caso del conflicto colectivo en la empresa Aramark, por la no aplicación de los incrementos salariales pactados en el convenio.

También el problema de los trabajadores del Grupo DIA que proceden de la adquisición de Eroski y El Árbol, a los que no se les aplica el convenio de medianas superficies.

Junto a la situación de Nissan, destacan los constantes retrasos en el pago de las nóminas a los empleados de la galletera Elgorriaga y en la empresa Composites Avanzados en Arévalo.

Precariedad absoluta

La resolución del comité de UGT subraya que Ávila continúa con las mayores tasas de desempleo de Castilla y León, donde en el último año las nuevas contrataciones llevan aparejadas "la precariedad laboral absoluta, implantada y permitida por el Gobierno del PP".

Del total de los contratos realizados en Ávila, el 94 por ciento son temporales. Y de todas las contrataciones, el 40 por ciento son a jornada parcial.

El 35 por ciento de los trabajadores cobran en promedio anual un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), que se corresponde con el sistema de contratación parcial y temporal.

Exclusión social

"El difícil acceso al empleo de la juventud les está llevando a situaciones de exclusión social, que muchos intentan evitar huyendo de la provincia", señala el sindicato, que señala como "la pérdida constante de población alimenta su negro futuro".

UGT señala la necesidad de fijar población "mediante una política activa y comprometida de empleo que cercene la emigración de los jóvenes y atraiga nuevos vecinos", y exige "crear empleo con derechos, para mejorar el sistema de protección social y combatir la pobreza creciente incluso entre la población trabajadora".

El sindicato señala que "las decisiones empresariales y las consecuencias de las mismas, en materia de reestructuraciones, necesitan de una adecuada anticipación al cambio, para evitar los efectos perniciosos en el empleo". Además piden "una revisión de la legislación existente de modo que refleje la realidad económica y permita paliar las consecuencias negativas de las reestructuraciones, deslocalizaciones, fusiones, adquisiciones y absorciones, no solo para los propios trabajadores y trabajadoras, sino para los diferentes subsectores".