La copia que recibió el diputado provincial de Trato, Rubén Arroyo, fue incompleta en una "conducta amparada y refrendada" por el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández.

Según Trato, en este caso se han incumplido los derechos de acceso a la información medioambiental que establece la legitimación de todos para disponer de la información pertinente.

Critican, por un lado, al jefe del Servicio Territorial de Industria, Alfonso Nieto Caldeiro, al considerarle "particularmente pertinaz y errático en su oposición al acceso a la documentación en materia de medio ambiente", ya que recuerdan que fue reprobado una sentencia de 2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ávila, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, "en aquella ocasión no reconocía que una perforación profunda a 650 metros tuviera relación con el medioambiente, sino que se trataba de un asunto minero".

Consideran que la negativa al acceso a la información, refrendada por el delegado territorial "parece acompañar al cargo", dado que las sentencias de hace seis años "se referían igualmente a la improcedente conducta de su predecesor", Francisco José Sánchez.

Trato Ciudadano ha planteado al Procurador del Común "la grave  situación de la Sierra de Ávila" porque la explotación minera proyectada es la primera de una decena más "en diferentes niveles de tramitación", que por su impacto ambiental que sumarían a las decenas de aerogeneradores instalados en la Sierra de Ávila.