Las políticas que favorezcan el relevo generacional, infraestructuras de regadío, modernización de explotaciones y medidas sociales que atajen el despoblamiento son otras exigencias de la organización agraria.

La Alianza UPA-COAG advierte que 2017 "no puede convertirse en un año perdido, como ha sido 2016", en el desarrollo de figuras claves para Castilla y León, como deben ser el defensor de la cadena alimentaria, la Junta de Arbitraje y Mediación y el Observatorio Regional de la Cadena Alimentaria, para resolver la problemática del desequilibrio de la cadena agroalimentaria "en la que unos eslabones pasan penurias y otros se enriquecen con porcentajes de beneficios cada vez más abusivos".

La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta que, a través de la Ley Agraria, "aborde sin dilación alguna este problema" y que "demuestre con hechos que está del lado de un sector estratégico como es el agrario velando por la obtención de precios justos para todos los sectores agrícolas y ganaderos".

Despoblamiento

También proponen avanzar en la consolidación del diálogo social agrario para "avanzar en la generación de riqueza y empleo en comarcas y zonas acuciadas por el grave despoblamiento", y soluciones sectores ganaderos de leche (vacuno, ovino y caprino), dado que los precios se encuentran por debajo de los umbrales de la rentabilidad y "dejan al borde de la desaparición a cientos de profesionales".

A la vez, alertan a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras y se plantean "seguir luchando" en los tribunales de Justicia para que sea efectiva la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que decidió dar la razón a la reclamación de la Alianza UPA-COAG contra el Gobierno regional, para que pague a 5.315 remolacheros de Castilla y León los tres euros por tonelada de la campaña 2011-2012, que "se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día".

Por otra parte, reclaman que el Ministerio de Agricultura recupere el porcentaje de apoyo a los seguros agrarios, que en el último año se ha reducido en diez puntos de ayuda, y a la Junta exigen que "actúe con responsabilidad ante los gravísimos perjuicios que toda clase de fauna silvestre provoca" en agricultura y ganadería.