Desde la Subdelegación se ha advertido de "la gravedad que supone denunciar ante las fuerzas de seguridad o instancias judiciales un delito inexistente".

Las falsas denuncias ante la Policía, la Guardia Civil o funcionarios judiciales "tienen repercusiones legales y sancionadoras para quien las efectúa", ya que "no sólo porque crean alarma entre la población, sino también porque conllevan la implicación de recursos y un tiempo en las tareas indagatorias".

Como ejemplo citan un caso que se produjo en junio en Arévalo, que supuso "un arduo trabajo" para la Guardia Civil, "cuando un hombre simuló haber sido secuestrado por unos acreedores de sus supuestas deudas".

Recuerdan que entonces la familia de esta persona fue la principal perjudicada, "moral y patrimonialmente", ya que resultó víctima de la extorsión que el falso secuestrador llevó a cabo, provocando que sus padres pagaran determinadas cantidades de dinero, ya que incluso tuvieron que pedir préstamos bancarios para su supuesta liberación.

Otro de los afectados por este caso fue la Guardia Civil, porque dedicó tiempo y bastantes efectivos en la búsqueda del fingido secuestrado, hasta que lo encontró, en libertad y haciendo uso del dinero que sus progenitores habían conseguido reunir.

Consecuencias penales
La Subdelegación del Gobierno ha recordado las repercusiones penales que conlleva denunciar a un delito que no ha existido.

El Código Penal  señala que actuaciones como ésta son un delito, con sanciones que pueden llegar a la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses. La gravedad, en gran medida, depende  de si, además de la falta de verdad en la denuncia, se imputa injustificadamente a alguien la comisión de un delito.

Fingir ante funcionarios policiales o judiciales haber sido víctima de un delito, tiene como consecuencia más leve el pago de una multa económica a lo largo de un periodo de tiempo que va de los seis a los doce meses.