El expediente y su tramitación completa !están totalmente viciados" desde su inicio, para lo que argumentan que el permiso de investigación Leito nº 1122 se concedió por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo para una superficie de 434 hectáreas "sin someterse a la preceptiva evaluación de impacto ambiental".

También advierten que el Servicio de Industria "jamás elevó consulta" a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante la concurrencia de varios proyectos en esa zona: concesión minera Leito nº 1122, de 434 hectáreas, y la concesión minera Palmeran, de 666 hectáreas, y los parques eólicos.

El sindicato advierte que "nada se dice en el expediente minero y en sus documentos ambientales sobre la catalogación como suelo rústico protegido de esa zona y donde los derechos mineros prevalecerán sobre los de los actuales propietarios".

También llaman la atención de que las coordenadas geográficas que figuran en toda la tramitación contravienen el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, por lo que "generan indeterminación e indefensión".

Tratamiento irregular

Ante estas alegaciones, CCOO ha solicitado a la Junta que intervenga "por el bien de la legalidad establecida" y que mandate "la ejecución de la nulidad" de todo el procedimiento, además de suspender la prórroga concedida y archivar todo el expediente, sobre todo por su "continuo tratamiento irregular, que contraviene de forma reiterada las normas procedimentales".

Aparte -añaden- que es "un proyecto no querido en los municipios afectados, contrario a sus habitantes, a sus intereses y al desarrollo sostenible deseable, que no pasa por la minería a cielo abierto para esa zona de montaña".

Según el sindicato, el proyecto es parte de "un modelo de falso desarrollo, ya agotado, que apadrinan los defensores del proyecto", y que "sólo se sustenta en esquilmar los recursos naturales".

"Las expectativas de empleo y riqueza diseñadas por una empresa desconocida son falsas", ya que "jamás se llegaría a compensar en la zona la destrucción de empleo generada". También apuntan que son "más los puestos de trabajo rurales existentes, que los ridículos que tendría la mina".