Esta formación ha denunciado el impedimento al acceso del expediente, lo que ha sido desmentido desde la Administración autonómica.

Trato ha acusado a la Junta de "obstaculizar" la consulta del expediente, y han acusado al jefe del Servicio Territorial de Industria, Alfonso Nieto, de no facilitarse toda la información solicitada tras haber cumplido todos los requisitos para ello.

Aseguran que "al menos 137 folios han sido ocultados del expediente", de acuerdo a su numeración, según han manifestado en escritos de queja al delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero, "sin que haya contestado".

Creen un "tratamiento torticero, irregular y de censura" el recibido al consultar y pedir formalmente copia de todo el expediente.

Transparencia

Trato ha asegurado la petición realizada se ajusta a la Constitución y a las leyes de Transparencia, de Acceso a la Información y del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, a la vez que aseguran que la Junta fue condenada en 2011 a pagar las costas de un procedimiento cuando en el Servicio de Industria se produjo un caso de impedir el acceso a la consulta y acceso a información.

Desde la Delegación Territorial de la Junta se ha contestado afirmando que se ha mostrado toda la información que forma parte del expediente sometido a información pública.

Aseguran que han tenido acceso a "la documentación que está sometida a información pública" y a la que tiene acceso cualquier ciudadano.

Para acceder al resto de documentación deben "acreditar la condición de interesados". Cuando se indicó a sus representantes  esto, pidieron ver al jefe del Servicio de Industria, que no pudo atenderles porque estaba reunido, por lo hablaron con el secretario técnico del departamento.

Interesados

Según la Delegación de la Junta, se les informó que para acceder al resto de la documentación hay que acreditar la "condición de interesados", ya que figuran datos confidencial de terceros, como personas y empresas, tales como documentos nacionales de identidad o datos bancarios.

También desde la Delegación Territorial se ha aclarado que el permiso de investigación minera no forma parte del expediente a información pública.

Las leyes que argumenta Trato para exigir la revisión de los expedientes deben conjugarse con la Ley de Protección de Datos y con la Ley de la Propiedad Intelectual, se ha apuntado también desde la Junta.