Todo sigue igual en el 88 Torreones a la espera de una decisión judicial

La moción socialista debatida en el pleno municipal pidió acabar con la situación acordada por la Junta de Gobierno Local en marzo, cuando se decidió finalizar con el contrato de la concesionaria Pines -en liquidación- y ceder la gestión a Geyco. Tras un largo debate, el voto de calidad del alcalde, José Luis Rivas, ha rechazado la propuesta ante el empate provocado por la abstención de Ciudadanos (votaron en contra PP y UPyD).

La portavoz del PP, Patricia Rodríguez, ha pedido "confianza" en que la titular del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz  -donde estaba domiciliada al empresa y responsable del procedimiento concursal- determine una solución entre tres ofertas -como se dijo en julio- para quedarse con el centro, de acuerdo con el Banco Santander, donde se encuentra hipotecada la concesión.

Rodríguez ha dicho que es un asunto "tremendamente difícil" y ha criticado las afirmaciones de la oposición, destacando que hay 2.000 usuarios, que velan por los 20 empleos y que el Ayuntamiento no puede adjudicárselo a nadie.

Lo que se ha conocido que es que, tras la suspensión del pleno extraordinario dedicado al centro en abril, la documentación ahora se encuentra "casi al completo", según ha afirmado el secretario municipal. Cuando se haya reunido toda se convocará el pleno extraordinario.

La portavoz socialista, Yolanda Vázquez, se ha preguntado, tras encargarse a una empresa de forma "excepcional" la gestión, por dónde se encuentra el dinero que se recauda y quien lo controla. No ha recibido contestación. Ha dicho que el PP les ha comunicado que el centro no supone gasto al Ayuntamiento, pero la portavoz popular no lo ha afirmado en el pleno.

El concejal de UPyD, Javier Cerrajero, que fue quien propició la suspensión del pleno, ha dicho que "el tiempo y la incorporación de documentación" le ha dado la razón; si bien la portavoz de IU, Montserrat Barcenilla, cree que no llegará toda la documentación y se ha interrogado por lo que sucederá con el centro -no en situación ilegal pero sí alegal- si la situación excepcional se mantiene después de ocho meses.