Según ha explicado el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Administración Local, Rubén Serrano, el informe debe determinar "si el servicio se presta en las adecuadas condiciones de seguridad", tanto para los ciudadanos como para los propios bomberos.

También debe contener la rotación mínima de efectivos y el número de bomberos que deben acudir en cada salida.

Propuesta
En este sentido, y en pleno conflicto con los bomberos, el PP llevará al pleno municipal de octubre una proposición para pedir a la Junta que apruebe una ley-marco de coordinación de salvamento, prevención y extinción de incendios con el fin de "agrupar, profesionalizar y mejorar los servicios de prevención y extinción".

La intención es que la Junta regule, al igual que existe con Protección Civil, "cuestiones tan clamorosamente claves como la coordinación, la unificación de criterios, los protocolos de actuación o la figura del cuerpo de bomberos como autoridad  en las materias que conocen, como el fuego, el rescate, la intervención y el control previo del fuego". El Ayuntamiento de Salamanca también ha hecho una propuesta similar.

Según Serrano, se trata de conseguir "una normativa clara y consensuada" para "poner fin a todos los problemas que surgen cuando empiezan las luchas de competencias y atribuciones en un gran incendio".

También se trata de "coordinar y mejorar la operatividad y calidad" de estos servicios y "homogeneizarlos", para lo que es necesario una norma que "regule a quién le corresponden las tareas de prevención, intervención y rehabilitación de situaciones de emergencias, siniestros, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública", dentro de su ámbito de actuación.