Los agentes estaban ya avisados porque se encontraban a la puerta del salón de sesiones.

El momento de tensión que se ha vivido en la institución provincial es inédito, con dos coches del Cuerpo Nacional de Policía a las puertas del Torreón de los Guzmanes.

En un momento del debate sobre el proyecto de mina en la Sierra de Ávila, el grupo de asistentes -entre ellos varios concejales y alcaldes de la zona- han levantado folios con un lema contra la mina. El presidente de la Diputación les ha recriminado su postura alegando que va contra el Reglamento Orgánico de la Diputación.

Poco después, el diputado de Trato Ciudadano, Rubén Arroyo, ha manifestado su apoyo a la protesta de los asistentes, ante lo que el presidente le ha pedido que lo retirase porque contravenía la legalidad y, ante su negativa, ha anunciado que le impondría una sanción.

Ante esto se ha escuchado un aplauso, ante lo que el presidente ha pedido el desalojo: "por favor, ruego a las personas que hayan aplaudido que desalojen la sala; por favor, por parte de los servicios de seguridad se identifique a las personas".

El responsable de seguridad de la Diputación lo ha solicitado, pero ha recibido la negativa como respuesta, ante lo que el presidente ha dado órdenes al responsable de la seguridad en la Diputación y le ha dicho "tome las medidas oportunas".

El funcionario ha salido del salón y, al momento, ha entrado acompañado de un policía de la Brigada de Información, que esperaba fuera, y que ha esgrimido la placa policial. Éste ha demandado la salida de los asistentes, indicando el funcionario quienes eran lo que habían aplaudido, ya que él no los había visto al encontrarse fuera.

Ante esta situación, tanto los diputados socialistas como el de Trato Ciudadano han decidido abandonar el pleno. La moción presentada por PSOE y UPyD contra la mina ha seguido debatiéndose y se ha rechazado con el voto en contra del PP.

El pleno, que ha acortado su duración al no poderse debatir las mociones pendientes de PSOE y Trato, ha terminado con una explicación de Sánchez Cabrera por su modo de actuar.

Entre las personas desalojadas se encontraba el alcalde de Cillán, José Martín, y el de Manjabalago, José María Hernández.

"Apenándome -ha dicho- como presidente de la situación vivida en el día de hoy, y más, encima, estando presentes y participando alcaldes y concejales elegidos democráticamente por los vecinos de estos pueblos, y haciéndoles eco diputados de esta corporación".

"He tomado las medidas -ha explicado- que considero son oportunas para que este pleno sea el lugar que tiene que ser, la representación de los vecinos y ciudadanos de la provincia abulense".

El presidente ha leído los cuatro puntos del artículo 60 del Reglamento Orgánico de la Diputación, que dice que "el presidente velará en las sesiones públicas por el mantenimiento del orden en la sala".

También se señala que "el público asistente a las sesiones no podrá mostrar muestras de agrado o desagrado, ni cualquier tipo de comentarios, pudiendo el presidente ordenar la expulsión por cualquier causa, perturben el orden o falte a la debida compostura, adoptando cuantas medidas considere considere oportunas para el restablecimiento del orden perturbado".

"Durante el desarrollo de las sesiones plenarias queda expresamente prohibido la exhibición de pancartas o carteles de cualquier clase por parte del público, pudiendo la presidencia ordenar su retirada inmediata y en caso de negativo, adoptar las medidas que considere oportuna para la observancia de la citada prohibición", señala otro artículo del reglamento, que añade que "si se produjeran tales incidencias, se hará constar en acta deduciéndose testimonio a los efectos de que por la presidencia se pase el tanto de culpa al órgano judicial competente".