La demanda del abogado Eduardo Ranz ante el Ayuntamiento de Ávila para la retirada de los símbolos franquistas llegó al Consistorio en febrero de 2015 y se encuentra "judicializada", según ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno, Patricia Rodríguez.

En este contencioso se hace referencia al escudo franquista labrado en piedra situado en una puerta -utilizada como salida de emergencia- de la Biblioteca Pública de la calle del Tostado. La portavoz ha aclarado que estas dependencias "no son municipales sino de otra Administración". La biblioteca depende de la Junta, pero el edificio como tal lo tiene cedido y es propiedad del Ministerio de Cultura.

Según el letrado, la ley dice que la Administración propietaria del inmueble es la responsable de retirar el símbolo franquista. Ranz ha explicado que él instó al Consistorio a su retirada, y que fue al no recibir contestación cuando presentó la demanda, reconociendo que no es responsabilidad municipal.

"Todas las administraciones tenemos la obligación de cumplir la Ley de Memoria Histórica", por lo que la demanda debe trasladarlo a otra administración, ha dicho la portavoz municipal.

Respecto a los nombres de sitios públicos, según Rodríguez, "hace referencia a calles que ya han cambiado su nombre" porque "ha tirado de un callejero antiguo", ya que en la demanda figuraba la calle Generalísimo, que fue "cambiada hace muchos años". Fue en 2001, cuando a instancias de IU, el PP cambió los nombres de una decena de vías. Después, en 2014, pidió cumplir la Ley de la Memoria Histórica, pero el PP lo rechazó. "Vamos a  dejar las cosas como están", dijo el entonces portavoz municipal, José Francisco Hernández, quien al año siguiente, a raíz de la demanda del abogado madrileño, aseguró que el Consistorio era "ejemplar" en materia de memoria histórica.