La norma, que ha contado con el voto en contra de Ciudadanos, no incluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público.

La ley cambia la norma por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y fue presentada por el PP para establecer garantías, mejorar la protección de los usuarios y la accesibilidad, y "actuar de forma responsable con el empleo".

Las estaciones de servicio deberán contar al menos con un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario de apertura. La norma establece una moratoria de tres meses para que todos los establecimientos se adapten.

Ciudadanos ha votado en contra al considerar la ley "contraria derecho", alegando que normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos, que son las atendidas, las de autoservicio y las desatendidas; y ha alegado que las gasolineras 'low cost' ya no podrán funcionar.

La Junta calcula que de las 1.305 estaciones de servicio de Castilla y León, 60 no cuentan con empleados.