El objetivo es que los alumnos puedan completar su formación académica con prácticas no laborales en materias relacionadas con las expropiaciones forzosas; servicios jurídicos; asuntos generales y régimen interior; trabajo, inmigración y extranjería, así como con las actividades y competencias de la Unidad de Protección Civil.

Todo ello con el objetivo de acercar los conocimientos universitarios a la realidad laboral y que suponga una experiencia enriquecedora en la preparación de los estudiantes, principalmente como futuros juristas.

Las prácticas están dirigidas a los alumnos de la USAL con más del 50 por ciento de los créditos superados. Este convenio tiene una vigencia de cuatro años, aunque puede prorrogarse por otros tantos.