Piden explicaciones por la adjudicación efectuada por el Ministerio del Interior y creen que la Universidad Católica de Ávila "no puede impartir una docencia de calidad e imparcial".

Según esta asociación, resulta preocupante este hecho, "ya que la formación en delitos de odio -homofobia, racismo, religión- se debe dar en un entorno académico neutral y no en una universidad cuya cabeza visible es el obispo de Ávila, recordado por sus críticas inconstitucionales al matrimonio del mismo sexo".

La secretaria de Lesgávila, Pepa Tascón, dice que "sería interminable hacer una lista con los adjetivos con los que nos califican los portavoces católicos", desde “los gais encuentran el infierno” hasta la “ideología de género”, considerada por los obispos "como el ataque más insidioso a la institución familiar", lo que "deja en evidencia su lamentable desconocimiento de las leyes igualitarias actuales y su alejamiento de la sociedad del siglo XXI".

Lesgávila pide "reacciones" de los grupos políticos del Ayuntamiento y quieren que lleven el asunto a las Cortes de Castilla y León, "poniendo así en marcha la declaración institucional de 28 de Junio de 2016", en la que acordaron "hacer de Ávila una ciudad defensora de los derechos LGTB".

"Si los delitos de odio son ignorados la igualdad no existe, y la Iglesia no reconoce a la población LGTB como víctimas de tales delitos, sino como culpables", según Tascón.