Según esta asociación, el precio que se paga en la actualidad “no es muy justo”, debido a que “casi el 83 por ciento” de las familias no alcanzan el mínimo. “En condiciones normales, no sobrepasan como máximo los 35 metros cúbicos y no los 45 que existen en la actualidad y que, además, son la base para el cobro de la tasa de depuración”.

Tampoco ven “muy justo” que cuando no se puede efectuar lectura del contador del agua potable, “en alguna ocasión, se proceda a solicitar el abono de ese mínimo” y en el siguiente recibo que se pueda hacer con datos reales de consumo, no se tenga en cuenta lo ya abonado.

Así, han pedido revisar los mínimos establecidos para el cobro y también el aumento “generalizado” propuesto del dos por ciento, para dejarlo en un máximo del 0,5 por ciento.

También han pedido establecer una fiscalidad especial para personas que sufren paro “generalizado” en el núcleo familiar y que las tasas por recogida de basura, alcantarillado, instalaciones deportivas y agua “no tengan ningún tipo de aumento”.

Igualmente, UCE Arévalo ha pedido reducir “a un 50 por ciento” las tasas a las familias en situación de precariedad y que se tenga en cuenta en las subidas el apoyo a los autónomos y pequeños empresarios, para que el porcentaje del 0,5 por ciento sea “efectivo”.