El recurso se ha presentado después de la aprobación del reglamento en el pleno de la Diputación el pasado 30 de mayo, con los votos a favor de PP, PSOE e IU y el rechazo de Trato Ciudadano y Ciudadanos.

Según esta formación, la jefa de Servicios Sociales, cuyo nombramiento también ha anulado el TSJ, presentó, por medio de un informe propuesta, una serie de alegaciones antes de la aprobación definitiva del reglamento del centro e “inclusive también fuera del periodo de información pública para efectuar alegaciones”.

Esas alegaciones, además, hacen referencia a las funciones de la propia jefa de Servicios Sociales, algo que, para TC debería haberle llevado a abstenerse.

Sin embargo, las modificaciones fueron aprobadas por el pleno de la Diputación “tras el informe “ad hoc” emitido por el secretario general” y que esta formación ha calificado de “manifiestamente carente de racionalidad”.

Las alegaciones, según Trato Ciudadano, vulnerarían la Constitución, pues “se hurta la información pública y la audiencia a los interesados”. También irían contra varios decretos de la Junta que regulan el funcionamiento de centros de carácter social para la atención a las personas mayores, como es el Centro Infantas.